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Otro modelo de desarrollo otro tipo de gobernanza

Pronunciamiento de los Grupos Temáticos de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba
Pronunciamiento Ley 7722 - Red Ciudadana Nuestra Córdoba

Lo que deja a la vista la movilización social en Mendoza a partir del 
intento de reforma de la ley 7722. (20/12/2019-27/12/2019)

La aprobación de la reforma de la ley 7722 que regula la actividad minera en Mendoza, votada favorablemente en ambas cámaras legislativas de esa provincia, tuvo como consecuencia una masiva movilización social en rechazo de las modificaciones que, entre otras cosas, permitían el uso de sustancias químicas en la explotación de minerales.
A pesar del argumento sostenido por la mayor parte del abanico político y del sector empresarial respecto de la importancia estratégica de la actividad minera para el desarrollo económico, la ciudadanía expresó de manera contundente, en las calles, que no es posible pensar el desarrollo a costa del derecho al agua. Promover el desarrollo no es promover “cualquier tipo de desarrollo” y mucho menos un desarrollo de espaldas al interés colectivo y en detrimento de un bien público como el agua. La voz de la ciudadanía se hizo escuchar y el viernes a la noche el gobernador Rodolfo Suárez anunció que enviará un proyecto de ley para dar marcha atrás con las reformas porque las mismas no cuentan con “licencia social”. 
Un gran hito ha marcado el pueblo mendocino a lo largo de una intensa semana: la base de legitimidad de las decisiones políticas está en la ciudadanía, no en los procedimientos de mayorías parlamentarias ni en los acuerdos con los grupos empresariales. El poder político no se delega acríticamente, por el contrario, debe y está sometido de manera permanente al escrutinio público. Ya no es posible sostener aquello de que el “pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. La gobernabilidad necesita construirse por medio de mecanismos que hagan permeable las instituciones a la incidencia pública y democrática de la sociedad civil y los movimientos sociales. La legitimidad de las decisiones tiene anclaje en el debate y las reinvindicaciones públicas que en la mayor parte de los casos son contrarios y contradictorios a las presiones del lobby y los grupos corporativos.
La ciudadanía mendocina -y la ciudadanía argentina que acompañó su lucha- han demostrado que no es posible hablar de desarrollo económico escindido del interés público, que crecimiento no necesariamente es bienestar, sostenibilidad e inclusión, que no da lo mismo cualquier modelo de  desarrollo y que, en todo caso, su orientación no se define “en nombre del pueblo” sino “con el pueblo”. 

Una gran lección para la construcción de sociedades más justas democráticas y sostenibles y un muy buen augurio para el 2020 que comienza!

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