Comenzó el debate sobre el Plan de Metas 2015

En tres sesiones temáticas los participantes iniciaron la construcción de una agenda para el desarrollo de la ciudad en los ejes de Desarrollo urbano sustentable, Desarrollo inclusivo y Desarrollo institucional. En el acto de cierre del evento, que buscó provocar la reflexión sobre la incidencia en las políticas públicas como una forma de participación de la ciudadanía y el sector privado, se presentaron tres casos de Argentina, Brasil y Chile. 

Entre las experiencias presentadas, Carlos Silva Filho, director de la Asociación Brasilera de Empresas de Limpieza Pública y Residuos Especiales, expuso las acciones de esta entidad que participó en la elaboración, aprobación e implementación de la Ley Federal de Residuos. La puesta en marcha de esta ley llevó un proceso de 20 años, y entre sus aspectos innovadores Silva Filho remarcó que obliga a los gobiernos regionales y locales a trazar e implementar planes de gestión de residuos, e incorpora la responsabilidad de las industrias en la remediación y tratamiento de los mismos. El caso marcó un precedente en relación al compromiso del sector privado en la implementación de políticas públicas para contribuir a abordar y dar solución a un problema estructural que enfrentan las ciudades, como es la gestión de los RSU.
 
Otra de las experiencias presentadas fue la de la Fundación Ciudadano Inteligente en la promoción de la sanción en Chile de la Ley Nacional de Regulación del Lobby y su reglamentación. María Jaraquemada, directora de investigación e incidencia de la fundación trasandina expresó: “Existen grupos de poder que están en una posición privilegiada para influir en los tomadores de decisiones públicas, por tanto es deseable y conveniente regular la interacción entre lobistas y funcionarios para llevar a cabo un proceso de formulación e implementación de políticas públicas que sea íntegro y de confianza a todos los actores involucrados”. Desde Ciudadano Inteligente remarcaron la distinción entre lobby y corrupción y defienden la legitimidad del lobby como modo de influir en una legislación, política pública y resoluciones administrativas, siempre que se transparenten las relaciones y la sociedad pueda conocer todo el proceso de toma de decisiones.

El caso de la sanción y reglamentación en la provincia de Buenos Aires, de la Ley de Acceso justo al hábitat, es también una muestra de la movilización de la ciudadanía para incidir en las agendas públicas. Ana Pastor, presidenta de la Asociación Civil Madre Tierra e integrante del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, relató la experiencia que llevó a la puesta en marcha de esta norma que crea instrumentos legales y fiscales y posiciona al Estado en un rol activo en la generación de suelo urbanizado y el financiamiento de soluciones para el hábitat, tales como la subdivisión o edificación obligatoria de terrenos baldíos, la aplicación de gravámenes especiales para inmuebles ociosos y la contribución obligatoria sobre la valorización inmobiliaria generada por acciones estatales.

Los asistentes de las sesiones temáticas, principalmente dirigentes vecinales, referentes de organizaciones sociales, funcionarios municipales, concejales y legisladores, docentes, investigadores, y estudiantes, priorizaron entre otros, los siguientes ejes para la agenda del próximo Plan de Metas:

Desarrollo urbano sustentable. Promoción de una ley de agua para el control de los recursos hídricos; la separación de residuos e inclusión en el debate de la gestión de residuos especiales, patógenos e industriales; la creación de un plan integral de movilidad urbana participativo; la revisión de las normativas sobre uso y fraccionamiento del suelo y derogación de la de convenios urbanísticos.

Desarrollo inclusivo. Los principales aspectos focalizaron en la inclusión educativa de adultos mayores y personas con discapacidad, los déficits de capacitación en salud y la desarticulación entre Nación, Provincia y municipio en esta materia.

Desarrollo institucional. Los ejes fueron la desarticulación entre el Plan de metas y el sistema presupuestario, el acceso a la información pública, la brecha entre la normativa y la práctica de los institutos de participación ciudadana y la descentralización y la gestión de los recursos humanos municipales, entre otros.