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CONVENIOS URBANÍSTICOS. Observaciones que anticipaban lo que vendría

CONVENIOS URBANÍSTICOS. Observaciones que anticipaban lo que vendría

Cuatro meses atrás, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, a través del Grupo Temático de Trabajo de Desarrollo Urbano Ambiente (GTTDU), presentaba ante los concejales de la Comisión de Desarrollo Urbano sus observaciones al otrora proyecto devenido en ordenanza sobre Convenios Urbanísticos. La ordenanza a pesar de las numerosas  observaciones que se le hicieron desde la sociedad civil por la enorme discrecionalidad que habilitaba, fue aprobada gracias a la mayoría del oficialismo en el recinto. En dicha oportunidad se adelantaron algunas cuestiones que se actualizan en estos días a la luz de los proyectos urbanísticos que el oficialismo impulsa en el Concejo Deliberante

Un plan para calcular los costos y beneficios

Sin plan ni criterios de valoración ex-ante no es posible calcular costos y beneficios de la excepción que se autoriza.

En aquella oportunidad, antes de ser aprobada la ordenanza 12.077, desde este espacio se planteaba que era “imprescindible avanzar en criterios claros en relación a la definición de las áreas sobre las cuales sería factible la aplicación de estos convenios con el fin de restringir la discrecionalidad de las decisiones en relación a las mismas; el tipo de proyectos que pueden calificar para la firma de estos convenios, sus dimensiones, destino, uso y tipologías; las normativas que serían objeto de excepción y las que no. Además, debería determinar quiénes y cómo se evaluarán los impactos (sociales, ambientales y económicos) de cada proyecto, los negativos y también los positivos para verificar que se cumplan los objetivos del Plan Urbano”).

La lógica diría que para decidir si un proyecto ayuda a alcanzar los objetivos de un plan urbano solo basta contrastar el proyecto con el plan urbano, pero hoy en pleno proceso de aplicación de excepciones a las normas vigentes y la habilitación de los cambios en el uso del suelo que requieren los convenios del Parque de Las Heras, el Batallón 141 y de Barrio Ituzaingó, por mencionar los que se debaten en el Concejo Deliberante en estos días,  no solo no se conoce un Plan Urbano (formalmente refrendado por ordenanzas) sino sólo unos lineamientos para una Base de Plan Director. Lo que es peor, algunos de los pedidos de cambio de normativa hechos por los desarrollistas no incluyen detalles del Proyecto.

Al no existir o al menos no darse a conocer un plan urbano de referencia concreto ni tan siquiera el plan de movilidad, plan de cloacas, de áreas verdes, un catalogo patrimonial -supuestamente en elaboración la pregunta que surge es: ¿Cómo se ha evaluado el mérito y oportunidad de la intervención  y la concurrencia con los planes, programas, obras y acciones de interés público como lo exige la ordenanza?

De los casos hoy en estudio, se infiere que el municipio de manera reactiva y a demanda analiza los proyectos presentados por el sector privado. Es preocupante que las ideas del desarrollo urbano de la ciudad que maneja esta gestión sólo puedan ser inferidas mediante las expresiones verbales de funcionarios responsables y sólo sobre cuestiones puntuales y singulares. A quiénes se privilegiará con las decisiones, sólo lo sabremos ex – post, cuando beneficios y costos estén a la vista.  A partir de la Ordenanza 12077 toda la ciudad puede ser objeto de excepciones y la decisión al respecto está en manos del Ejecutivo Municipal y la mayoría automática le permite tener el ad-referendum que necesita del Concejo Deliberante, independientemente de las críticas y dudas que puedan ser expresadas.

Máxima transparencia para reducir suspicacias

Meses atrás desde el Grupo de Desarrollo Urbano de Nuestra Córdoba se planteaba la necesidad de  diseñar un marco que diera garantías de transparencia en las discusiones y los procesos de toma de decisiones públicas en relación al desarrollo de la ciudad y la distribución de costos y beneficios. Ante la necesidad de analizar cualquier convenio, el debate debe darse en condiciones de igualdad para los diferentes actores de manera de no generar suspicacias que corroan la confianza de los ciudadanos en estos instrumentos y quienes lo utilizan.

Sosteníamos que era imprescindible que, además de los impactos socio-ambientales debían considerarse el impacto urbano y otros que afectan la calidad de vida, las preferencias y las dinámicas de la población afectada por las modificaciones que se aprueben. Nada de eso es puesto en consideración en las actuales presentaciones.

La premura por aprobar estos y otros proyectos de tanta trascendencia para la ciudad, en una época del año que deja poco margen para la participación de la ciudadanía, no contribuye en llevar tranquilidad a los ciudadanos y favorece la sensación de que está en riesgo el interés público.

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