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Debe prevalecer la máxima divulgación*

Columna de opinión publicada en La Voz del Interior 20/5/2017

Uno de los principios esenciales del gobierno democrático refiere que la actividad del Estado, en todos sus niveles y organismos, debe regirse bajo la máxima publicidad y transparencia en la gestión pública. Ello implica garantizar el derecho de acceso a la información pública y cumplir con la obligación de rendición de cuentas a la ciudadanía por los actos gubernamentales.

La publicación de datos sobre el personal –incluyendo la nómina y los salarios, entre otros datos– es uno de los componentes de las obligaciones de “transparencia activa”, es decir, aquella información que los organismos públicos deben difundir de manera proactiva en sus portales, aun sin pedido expreso de información.

En el caso de la Municipalidad de Córdoba, esta obligación se deriva de lo establecido en la ordenanza 11.877, de Acceso a la Información. Establece que el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas deben publicar y actualizar mensualmente en sus respectivos sitios web, entre otra información, la nómina de agentes, cargo, remuneración y lugar de trabajo.
Este aspecto ha sido recogido también por la legislación nacional (ley 27.275, de Acceso a la Información Pública) y por normativa de otros países de referencia en la materia, por caso, la ley chilena sobre Acceso a la Información Pública.

Respecto del eje en el que se centró la polémica de esta semana, acerca de si la publicación viola la protección de datos personales, existen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resaltan la distinción entre datos personales y datos sensibles. En el caso de los primeros, no es necesario el consentimiento del titular para publicar aspectos como DNI, nombre e identificación tributaria, entre otros.

Más allá de las diferencias y las reacciones contrapuestas por la medida adoptada por el Ejecutivo municipal, la situación pone de manifiesto la ausencia de prácticas en materia de transparencia activa por parte de los organismos públicos en Argentina, la prevalencia de una visión restringida de lo que es información pública y una comprensión errónea de lo que significa el empleo público.

En el caso de la ciudad de Córdoba, ambos temas en cuestión –transparencia y empleo público– adquieren un valor fundamental en la necesidad de rendición de cuentas.

Ello es así porque involucra una porción más que significativa de los recursos presupuestarios de la ciudad y, por tanto, tiene gran impacto en la asignación de los recursos públicos.

La actividad de los agentes gu­bernamentales debe enmarcarse dentro de los principios del servicio público de integridad, idoneidad y diligencia, haciendo prevalecer siempre el interés público sobre el interés particular.

La ciudadanía de Córdoba tiene el derecho de conocer quiénes son, qué hacen, dónde trabajan, cuánto ganan, qué calificaciones tienen y cómo es el desempeño de los empleados municipales. Y el municipio tiene la obligación de transparentar no sólo datos presupuestarios, sino también las políticas de empleo público que implementa y los criterios de decisión en relación con estas.

La información puesta a disposición esta semana es un gran paso. Aún falta camino por recorrer.

*Por Paola Ninci. Politóloga, miembro del Grupo de Democracia Local (Red Nuestra Córdoba)

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