De las promesas incumplidas a un plan de metas

En las últimas décadas, Córdoba ha contado con sucesivos planes que, con diferentes nombres –estratégico, director, por nombrar los más destacados-, han planteado los grandes lineamientos a seguir para el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, no han sido pocas las gestiones en las que las promesas electorales quedaron en eso y no se plasmaron en resultados o acciones concretas. No es el objeto de esta nota ahondar en las razones de los incumplimientos de parte de los gobernantes. Pero, es necesario remarcar la dificultad a la que como sociedad nos enfrentamos para medir la concreción de las grandes promesas gestión tras gestión. Promesas que, con la misma facilidad con que se enuncian, quedan en el olvido una vez superada la etapa electoral.

Por este motivo, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba impulsa la creación de una norma que establezca la obligatoriedad de que los intendentes, a los pocos meses de iniciada su gestión, presenten un programa de metas a cumplir durante los cuatro años de gobierno.
Este plan de metas de gobierno que se busca impulsar a través de una ordenanza, no pretende ser una imposición externa al candidato elegido por la ciudadanía, sino que necesariamente se basa en los contenidos de la campaña electoral y de la plataforma formulada por el partido ganador. En este sentido, todo gobierno elegido democráticamente está legitimado para y tiene la obligación de trazar su propio plan de gestión, de comunicarlo y de cumplirlo.
De este modo, el plan de metas de gobierno es un instrumento de planificación, gobierno, gestión, información pública, rendición de cuentas y control de las acciones a desarrollar por el departamento ejecutivo municipal durante su mandato.
A diferencia de las promesas electorales, el contenido del plan de metas tiene que ir más allá de las principales líneas de actuación a concretar en el mediano y corto plazo, y debe definir las metas y objetivos para cada uno de los sectores de la administración pública municipal, así como aquellos indicadores e índices que habrán de utilizarse para la evaluación del cumplimiento de cada objetivo o meta propuesta.
Las ventajas para la ciudad de contar con una ordenanza de metas son múltiples y permitiría lograr más integración en el sistema de planeamiento de la ciudad, incrementar los niveles de transparencia de la gestión y de acceso a la información pública, y aumentar los niveles de eficiencia y efectividad de las políticas públicas.
Para la ciudadanía, podría impactar en una mayor participación en los temas de interés público, y contribuir a que recupere su confianza en la política. Por el lado de la gestión, serviría para divulgar los logros alcanzados y también para dar continuidad a las acciones y políticas empezadas en períodos anteriores, algo que siempre se reclama a los nuevos gobiernos.