COMUNICADO. La crisis como oportunidad para el transporte y la movilidad en la ciudad

Si evaluamos la política pública municipal en materia de transporte y movilidad urbana a la luz de estos principios, saltan a la vista numerosas falencias. Como red de organizaciones de la sociedad civil de la ciudad, queremos destacar las dificultades en relación a dos principios de la movilidad sustentable: la participación de los usuarios y la transparencia. 

Consideramos que la forma en que se toman las decisiones, la necesidad de transparentar los criterios de las mismas, de los acuerdos y negociaciones entre sectores, y la exclusión sistemática de los usuarios en el proceso de decisión, control y evaluación del sistema de transporte público son en gran parte la causa de la ingobernabilidad del transporte público urbano de pasajeros y de la puja de intereses corporativos y especulativos que en ningún momento consideran el sentido sustantivo de la movilidad urbana como bien público.

En este sentido, proponemos la creación e institucionalización de una instancia intersectorial de participación, control y evaluación de la política pública de movilidad y transporte con participación de los usuarios del sistema. El Marco Regulatorio vigente prevé una instancia denominada Comisión de Transporte que no se encuentra en funcionamiento pero que además de ser no vinculante, no incluye entre sus funciones la de contralor, elemento esencial. 

Asimismo, consideramos de fundamental importancia la creación de un sistema abierto que transparente la información y rendición de cuentas por parte del municipio y prestatarias.

El Área Metropolitana de Córdoba, con más de un millón y medio de habitantes, es el segundo aglomerado urbano en población y superficie del país después del Gran Buenos Aires, y concentra más del 40% de los habitantes de la provincia. 

Lo acontecido, pone al descubierto que una ciudad de tal magnitud en la configuración del mapa social y económico provincial y nacional no puede quedar paralizada por su dependencia de un subsistema de transporte.

En este marco, cobra vigencia también lo que hemos señalado acerca de la imperiosa necesidad de contar y poner en marcha un Plan Integral de Movilidad Urbana que contemple la globalidad de los subsistemas de transporte y la intermodalidad, desde una perspectiva metropolitana. Para ello, el Municipio debe asumir el liderazgo para proponerlo y generar los mecanismos para el trabajo articulado con la Provincia y con la Nación, tal como ocurre con esta última en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Históricamente los usuarios y ciudadanos han sido excluidos de los procesos de decisión y negociación que han dado lugar a la política del transporte urbano. Quienes sí han sido protagonistas son también co-responsables del sistema que hoy tenemos. El municipio, en particular, es el responsable político por los resultados de la movilidad en la ciudad y en tal sentido quien debería generar condiciones, muy diferentes a las actuales, para la gestión participativa y transparente del sistema de transporte. No basta con la apelación coyuntural a una consulta popular si no se desarticula la actual trama que impide abordar una problemática que afecta estructuralmente el desarrollo sustentable e inclusivo de Córdoba. Hemos perdido numerosas oportunidades para cambiar el sistema: el debate sobre el Marco Regulatorio, el Plan de Movilidad Urbana y los últimos procesos de licitación fueron algunas de las instancias en las que hubiera sido fundamental poner en el centro la consideración del transporte y la movilidad como bien público y el derecho de los ciudadanos a participar de las decisiones en relación al mismo.

Esperamos que esta situación crítica sirva para discutir en serio la política pública de movilidad urbana de la ciudad y lograr la construcción de un nuevo sistema de gobernanza de la misma que logre cumplir con los principios arriba mencionados.

Principios de una movilidad urbana sustentable

En 2012, cuando se discutía el proyecto de Marco Regulatorio del Transporte Público, hoy ya sancionado como ordenanza N° 12.076, Nuestra Córdoba participó activamente de sus debates y planteó una serie de consideraciones de lo que se entiende debe contener una política pública de movilidad urbana que busque la construcción de una ciudad justa, democrática y sustentable. Entre esos principios que hacen a una movilidad urbana sustentable se destacan:

• La accesibilidad: todas las personas que lo requieran pueden satisfacer su necesidad de transporte.
• La equidad: igualdad de oportunidades de acceso al transporte con independencia de las diferencias económicas, sociales, físicas, de género, generacionales, etc.
• La integración social y territorial: el transporte como medio fundamental para la integración social y del territorio al favorecer la conectividad, la comunicación, el acceso a bienes y servicios, etc.
• La integralidad: la política de transporte contempla una concepción integral de la ciudad al reconocer la interdependencia de distintos aspectos como el desarrollo urbano, el ambiente, la seguridad, la salud, las actividades económicas, los servicios sociales y recreativos, etc.
• La sustentabilidad: el sistema de transporte emplea de manera eficiente el suelo y otros recursos naturales, conservando los hábitats y la biodiversidad, no representa un peligro para la salud pública, el clima del planeta o los procesos ecológicos esenciales.
• La continuidad: los servicios públicos no deben ser interrumpidos y deben satisfacer las necesidades cuánto es requerido por los ciudadanos.
• La transparencia y rendición de cuentas: los criterios que fundamentan las decisiones y las decisiones en materia de transporte, así como la asignación y administración de los recursos son públicos y los funcionarios responsables rinden cuentas sobre los mismos y facilitan a la ciudadanía el acceso a la información pública.
• La participación: las organizaciones y ciudadanos participan de las decisiones referidas a la política de transporte y de su seguimiento y control. La carta orgánica municipal incorpora este principio en su artículo 9, inciso 8, en el que se sostiene que los ciudadanos tienen el derecho de “acceder equitativamente a los servicios públicos, participar en su control y gestión”.