Contra sol y lluvias la ciudadanía se movilizó para defender su patrimonio

En estos días se está por cumplir un mes desde que el gobierno provincial diera la orden a las topadoras para que comenzaran su trabajo en la demolición del edificio de la Casa de Gobierno. La medida fue cuestionada desde amplios sectores sociales, políticos y profesionales que se movilizaron motivados por diversos intereses, pero detrás de un mismo objetivo: frenar las obras de demolición de la Casa de las Tejas y solicitar información al gobierno sobre el proyecto, la demolición y los gastos generados por las sucesivas mudanzas de la casa de gobierno hasta su destino final en el futuro Centro Cívico.

Así fue como organizaciones de la sociedad civil, profesionales, docentes universitarios autoconvocados, activistas de organizaciones ambientales y vecinos de a pie, en el ejercicio de su derecho de contar con información pública y  de participar de las decisiones que afectan el patrimonio provincial, comenzaron a actuar durante el mes de enero con la ciudad vacía y desmovilizada.

Entre estos sectores, un equipo de docentes de la Facultad de Arquitectura de la UCC, a quienes Nuestra Córdoba acompaña en su movilización, expresaron su voluntad de generar un debate “sobre las prácticas en relación a la gestión transparente y democrática de los bienes como de los espacios públicos como base para el desarrollo urbano sostenible, plural  y participativo”, según lo manifestaron en una carta dirigida al gobernador Juan Schiaretti.

Amparos, denuncias contra el gobernador, marchas, petitorios, mensajes en la radio. Más allá de los argumentos esgrimidos, todos los sectores que se oponen a la demolición de la ex-Casa de Gobierno saben que si ha sido extremadamente necesaria –como plantean desde el ejecutivo provincial- la misma podría haberse realizado de un modo más prolijo, democrático y transparente.

Una ciudad mejor no se construye con nuevos edificios, sino a partir de los derechos que tienen sus habitantes de participar en las decisiones y en las definiciones que hacen y afectan su espacio, sus vidas y  su patrimonio, entendido en un sentido amplio.

Ejercitar el Derecho a la ciudad implica comprenderla como un Bien Público, lo cual significa no sólo que las decisiones trascendentales deben orientarse al bien común, sino también que todos los ciudadanos tienen posibilidad de participar en esas definiciones a partir de una verdadera democracia participativa.

En este marco, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación son elementos indispensables para generar condiciones que permitan deliberar sobre qué es lo más conveniente para la ciudad, y a partir de ello tomar decisiones democráticas.
Más allá de no haber logrado su cometido, una parte de la ciudadanía cordobesa se movilizó y se hizo oír en un mes de por sí bastante complicado para las acciones colectivas. Deja muestra de que más allá de las prácticas del propio Estado, las de la ciudadanía también contribuirán a determinar la calidad de nuestra democracia.

Foto: La Voz del Interior