Información, transparencia y respeto a la palabra comprometida

Los anuncios del intendente Daniel Giacomino de su intención de convertir el predio de la Ruta 36 en el destino definitivo de los residuos urbanos confirmaron una sospecha que para muchos era evidencia cuando, faltando un mes de cumplirse su acuerdo con los vecinos del sur de la ciudad, no se contaba con otro predio alternativo para los residuos.

Con esa decisión, se puso de manifiesto mucho más que la falta de compromiso y una increíble facilidad para ignorar un acuerdo que él mismo firmó con vecinos afectados, universidades y organizaciones intermedias. Lo que se dejó en evidencia es una concepción de la democracia que debe cambiar. Un modo de entender a la participación como un instrumento para validar y legitimar procesos poco claros, y desprovista de su más profundo sentido de ‘ser-parte’. Un ser-parte que se construye con ciudadanos que pueden acceder a información que les pertenece porque es pública y que, sobre ella, participan de la toma de decisiones sobre los aspectos que afectan su calidad de vida. Para que la participación sea efectiva y verdadera debe construirse un mínimo de confianza sobre la base del respeto a los acuerdos sobre los que se ha avanzado.

La definición de una estrategia de Gestión de Residuos, si se pretende que tenga un mínimo de consenso y sea factible de aplicar, no puede ser gestada de espaldas a los ciudadanos. La participación de los vecinos, actores fundamentales en cualquier sistema serio de gestión de residuos, no sólo debe ser promovida, sino que debe estar garantizada a partir del acceso a información completa y cierta.

A su vez, sin desconocer las capacidades técnicas de su personal, el municipio debería tener en cuenta la opinión de otros especialistas y de la comunicad científica local que, a través de múltiples instituciones, podrían contribuir a evaluar y desarrollar propuestas con un criterio científico que permita a los vecinos tener la tranquilidad que se está cuidando el ambiente, a la vez que se reducen los gastos del municipio, con el consiguiente alivio tributario.

Una ciudad de 1.500.000 de habitantes no puede dejar supeditado a la improvisación a un tema estructural tan importante como los residuos urbanos. En relación a este tema, la ciudad debe contar con una política integral de RSU y esa visión de globalidad no se debe limitar a los aspectos técnicos. Integral también significa que todas las decisiones y acciones que se encaren deben realizarse de manera democrática, transparente y participativa.